Muncie, Indiana

Durante una reunión en sus instalaciones de salud de rehabilitación y enfermería especializada en Muncie, Indiana, Kindred Transitional Care and Rehabilitation (el Empleador) distribuyó una política de comunicaciones que rige el uso de las redes sociales por parte de los empleados. El empleador les dijo a los empleados que tenían que firmar la política y que serían despedidos si no lo hacían. Una empleada expresó su preocupación a sus compañeros de trabajo de que la política restringía muy ampliamente las comunicaciones por Internet, incluso cuando los empleados estaban fuera de servicio. Finalmente, la empleada se negó a firmar la política. Posteriormente, el Empleador la citó a la oficina del gerente donde fue despedida por negarse a firmar la política.

La empleada presentó un cargo ante la Oficina Regional de Indianápolis de la NLRB alegando que la política trasgredió sus derechos en virtud de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRA, por sus siglas en inglés) y que ella fue despedida injustamente. Después de una investigación, el Director Regional determinó que la política de medios sociales del Empleador contenía varias secciones ilegales que restringían la capacidad de los empleados para conversar sobre sus términos y condiciones de empleo, incluida una disposición demasiado amplia que requería la aprobación del Empleador para solicitar ciertos "amigos" en línea u otros contactos en las redes sociales y exigir a los empleados que incluyan un descargo de responsabilidad en sus publicaciones en Internet sobre la empresa o las actividades relacionadas con el trabajo. El Director Regional también concluyó que el empleado fue despedido ilegalmente por hablar con sus compañeros de trabajo sobre las preocupaciones respecto a la política de redes sociales y por negarse a firmar la política defectuosa.

Después de que la NLRB notificó al Empleador que tenía la intención de presentar una demanda, la compañía resolvió conciliatoriamente el caso. La empleada fue reincorporada a su trabajo anterior con un pago retroactivo total de casi $12,000. El Empleador también estuvo de acuerdo en eliminar aquellas secciones de su política de redes sociales que restringían los derechos de los empleados y publicar un aviso de la Junta a los empleados para informarles sobre sus derechos amparados bajo la Ley.