Baltimore, Maryland
Una enfermera práctica licenciada fue despedida después de que se quejó con su jefe en una empresa de investigación farmacéutica de que otros empleados estaban recibiendo un trato especial. La Junta determinó que el empleador infringió la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo al despedir a la empleada para evitar que ella hablara sobre sus quejas de favoritismo con sus compañeros de trabajo.
Parexel International realiza investigaciones para compañías farmacéuticas en su ubicación de Baltimore, Maryland. Su personal incluye varias personas de Sudáfrica. Cuando Theresa N., una enfermera práctica licenciada de la compañía, recibió información de un compañero de trabajo que la llevó a creer que los empleados de Sudáfrica estaban recibiendo un trato especial, ella se quejó con su supervisor directo. Al día siguiente, Theresa fue llamada a la oficina por un funcionario de Recursos Humanos y el Gerente de Operaciones Clínicas, quien también es de Sudáfrica, para conversar sobre el “rumor” que ella había mencionado.
En la reunión, Theresa explicó que un compañero de trabajo, que era sudafricano, le dijo que él recibió un aumento cuando fue recontratado por la empresa y que su esposa también recibiría un aumento cuando ella fuese recontratada. Theresa expresó su preocupación de que la compañía estaba pagando salarios más altos a los empleados de Sudáfrica y que el gerente de operaciones clínicas continuaría favoreciendo a estos empleados. Luego se le preguntó a Theresa si había hablado sobre la conversación que tuvo con su compañero de trabajo con alguien más aparte de su supervisor. Theresa dijo que no. Theresa fue despedida la semana siguiente.
Theresa presentó un cargo por su despido ante la Oficina Regional de la NLRB en Baltimore. Después de una investigación, se emitió una demanda y se llevó a cabo una audiencia sobre el asunto. La decisión del juez fue revisada por la Junta en Washington, D.C., la cual determinó que el despido era ilícito, ya que la evidencia indicaba que la compañía despidió a Theresa como una manera de evitar que hablara sobre sus preocupaciones de favoritismo con sus compañeros de trabajo. La Junta sostuvo que un despido “preventivo” para evitar que un empleado hable sobre salarios, horas o condiciones de trabajo con otros empleados es ilegal, aun cuando el empleado todavía no se ha involucrado en una actividad protegida. Como parte de su decisión, la Junta ordenó que Theresa fuera reposicionada con pago retroactivo completo.
El empleador apeló la decisión de la Junta ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el cual designó un mediador para el caso. Con la asistencia del mediador, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio en virtud del cual Parexel estuvo de acuerdo en no despedir a los empleados para evitar que participen en actividades concertadas protegidas, así como pagarle a Theresa alrededor de $250,000 por salarios retroactivos y gastos médicos. En el acuerdo, Theresa rechazó la reinserción laboral.