Northfield, Minnesota
El personal de un centro de atención de urgencia envió una carta anónima al propietario/doctor, pidiéndole que reconsiderara un plan para reducir inmediatamente los salarios en un 10 % y sugiriendo formas alternativas de ahorrar dinero. Dentro del mes siguiente, dos empleados que escribieron y editaron la carta fueron despedidos. La Junta determinó que la actividad de los empleados era protegida y ordenó pagos retroactivos completos y ofertas de reinserción laboral.
Cuando el propietario de Northfield Urgent Care, Inc., el Dr. Kevin B., anunció a su personal de 10 personas que reduciría inmediatamente los salarios en un 10 % para salvar el negocio de la bancarrota, los empleados quedaron atónitos y descontentos. Después de varias conversaciones, ellos decidieron escribir una carta anónima conjunta para expresar las preocupaciones del personal y ofrecer alternativas para ahorrar dinero, como eliminar la contribución comparativa del empleador al fondo 401K. La carta fue escrita por la asistente médica del centro, Jennifer G., y editada por su tecnólogo en radiación, Michael B. Luego ésta se dejó sin firmar sobre el escritorio del doctor.
Durante las semanas siguientes, el propietario se reunió con empleados individualmente en un intento por averiguar quién escribió la carta, y la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Él acusó a varios empleados de rumoreo y de comportamiento de camarilla, y se quejó repetidamente de “charlas tóxicas” y “negatividad”. Tres semanas después de la entrega de la carta, Michael B. fue degradado. Él fue despedido tres días después. Luego, al examinar los correos electrónicos de trabajo de Michael B., el propietario averiguó que Jennifer G. había escrito la carta. Al día siguiente, ella fue despedida del mismo modo.
Jennifer G. presentó un cargo ante la Oficina Regional de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo en Minneapolis. Luego de una investigación, el Director Regional emitió una demanda alegando que las acciones del propietario fueron ilícitas. Se llevó a cabo un juicio ante el juez de derecho administrativo Paul Buxbaum, quien estuvo de acuerdo.
En su decisión, el juez Buxbaum amplió el concepto de actividad concertada protegida, mencionando otros casos que involucraban a grupos de empleados tan dispares como peluqueros y asesores financieros. Buxbaum expresó que “El reconocimiento de la Junta de que la Ley protege las actividades de los empleados que no involucran a los sindicatos fue respaldado explícitamente por la Corte Suprema en el caso NLRB v. Washington Aluminium Co., 370 U.S. 9 (1962)”. “En ese caso, los empleados de una fundición no estaban representados por ningún sindicato. Sin embargo, optaron por abandonar el trabajo como grupo para protestar por la falta de calefacción en la planta durante una oleada de frío invernal. El empleador los despidió por violar una regla de la empresa que prohibía las salidas no autorizadas del trabajo. La gerencia argumentó que las preocupaciones de los empleados eran simplemente "quejas", y que ya estaba trabajando para reparar la calefacción en el momento que ellos pararon de trabajar. Tanto la Junta como la Corte Suprema ordenaron el reposicionamiento de los empleados despedidos”.
JEl juez Buxbaum determinó que la actividad no perdió protección porque no fue difamatoria o maliciosa; de hecho, describió la carta como “civil y respetuosa en su lenguaje y tono”. Por lo tanto, el consideró que las acciones eran ilegales. Ordenó al empleador que detuviera la actividad ilícita y que les ofreciera la reinserción laboral y el pago retroactivo completo a ambos empleados.
El propietario de la clínica apeló la decisión del juez Buxbaum ante la Junta en Washington D.C. El 15 de marzo de 2012, un panel de tres miembros consideró el expediente y decidió por unanimidad sostener el dictamen del juez en su totalidad.